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Agencia Federal de Inteligencia: acuerdo para no innovar

El pasado miércoles el Senado de la Nación aprobó las designaciones de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en los cargos de Director y Subdirector de la Agencia Federal de Inteligencia. La votación puso en evidencia la existencia de un pacto interpartidario que concibe al sistema de inteligencia como un recurso de poder al servicio de quien gane las elecciones. La dirigencia política argentina no está dispuesta a prescindir de los favores instrumentales que ofrece el mantenimiento de un sistema de espionaje hermético, intocable y ajeno a las prácticas del estado de derecho.

Pese a las fuertes y fundadas impugnaciones presentadas contra ambos candidatos, los senadores eludieron la responsabilidad de realizar la evaluación de idoneidad que exige el marco normativo vigente. Y, soslayando la solicitud de la sociedad civil, rechazaron la realización de una audiencia pública, con el fin de no exponer a los candidatos ni comprometer el pacto.

Desconociendo la ley y bajo el argumento de que la designación se debe fundar en la confianza presidencial sobre los candidatos, los senadores aprobaron los pliegos apoyados en argumentos insólitos y silencios cómplices. Las únicas excepciones a esta connivencia fueron los senadores Fernando Solanas (Proyecto Sur-Capital), Jaime Linares (GEN-Buenos Aires) y Magdalena Odarda (CC-Río Negro) que votaron en rechazo.

La gravedad de la decisión es proporcional al silencio: nadie quiso explicar cuál es la legitimidad de estas dos personas, con imputaciones penales abiertas (por evasión tributaria en el caso de Arribas e irregularidades en el manejo de fondos en el caso de Majdalani) para manejar gastos reservados. Nadie quiso informar cómo se entrega la conducción de un área tan sensible y compleja del Estado a dos personas con nulos o escasos antecedentes en la materia. Nadie quiso confrontar los problemas del sistema de inteligencia con las decisiones de los candidatos, pese a que sus declaraciones en la Comisión de Acuerdos confirmaron la decisión de reeditar la vieja SIDE en vez de reformarla. Restituir la reserva de identidad para todo el personal y convertir la totalidad de los fondos de la AFI en reservados son dos ejemplos cabales de esta voluntad restauradora.

En definitiva, el acuerdo del Senado tiene muchos significados: representa una oportunidad perdida para la democracia de fijar un estándar de idoneidad compatible con un estado de derecho, y confirma que el sistema político sigue siendo rehén de las peores prácticas de los servicios de inteligencia. La dirigencia política desestima el verdadero significado y valor que detenta la inteligencia nacional para conocer los problemas que afectan la seguridad interna y externa de los argentinos. La AFI sigue siendo concebida como un instrumento diseñado para la manipulación de la justicia, el uso de fondos reservados sin control y el espionaje político.

Desde la ICCSI advertimos que el sistema de inteligencia nacional no puede volver representar una amenaza a la gobernabilidad democrática y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es por ello que seguiremos exigiendo que se construya la institucionalidad y la vocación política necesaria para que estos organismos cumplan verdaderamente su misión fundamental: proteger los derechos de los ciudadanos y los intereses de la nación.

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